La migración de obreros filipinos a países extranjeros ha tenido un notorio incremento en la última década. Aproximadamente, el diez por ciento de los 74 millones de filipinos son trabajadores migratorios o emigrantes esparcidos en 181 países.

Mientras que para algunos --hombres de negocios, profesionistas, etc.- la razón para emigrar pudo ser el ejercicio de la libertad de viajar, de trabajar, y de buscar un domicilio nuevo, esto no es así para para la mayoría de los filipinos en el extranjero. La adopción por parte de nuestro gobierno del modelo de globalización neoliberal norteamericano ha ocasionado la destrucción de la economía doméstica, la pérdida masiva de trabajos y del poder adquisitivo y la dominación de corporaciones monopolistas extranjeras. Así, debido a las condiciones de extrema pobreza, a la desocupación, y en algunos casos, debido a la persecución y conflictos armados, millones de desempleados emigran a otros países, por desesperación y por la supervivencia física. Soportan el dolor de ser separados de sus familias y de sus hijos para trabajar en tierras extranjeras.


La contribución de los obreros migratorios a nuestra economía está fuera de discusión. Los trabajadores migratorios se han responsabilizado del sostenimiento de la economía de nuestro país durante los últimos años. Las remesas bancarias de los trabajadores migratorios en el año 2000 alcanzaron las $6.05B o P302B. Para el primer cuarto del año pasado, dichas remesas alcanzaron los $1.8B o P90B. Veinte por ciento (20%) de nuestra población depende directamente de los ingresos de los filipinos inmigrantes al extranjero. La exportación obrera se ha vuelto la industria número uno de Filipinas. Indudablemente, al gobierno le resulta cómodo este trabajo filipino para aliviar el problema del creciente desempleo, para aliviar la balanza de pagos deficitarios del país, y para disminuir las tensiones sociales internas.

A pesar de su contribución innegable a la economía, los trabajadores migratorios reciben la mínima protección por parte de nuestro gobierno. Los emigrados son a menudo víctimas de engaños y de prácticas fraudulentas cometidas por reclutadores ilegales y poco escrupulosos. Son ahora comunes la substitución de contratos, las cuotas excesivas, las promesas de trabajos inexistentes, y sueldos sumamente bajos.

Los niños y las mujeres son particularmente vulnerables a la explotación y al abuso. Las mujeres han sido víctimas de ataques sexuales, abuso físico, maltrato, y otros actos y prácticas inhumanos.